Jacqueline Lincura, una vecina de 34 años de Los Andes, denuncia que su tratamiento por cáncer cervicouterino fue interrumpido tras recibir un alta administrativa en la Clínica Ciudad del Mar y que desde entonces se encuentra sin la continuidad ni el seguimiento que, según ella, le correspondería por ley, lo que la mantiene hospitalizada y sin acceso efectivo a la atención oncológica que necesita.
Jacqueline relata que recibió quimioterapia, radioterapia y braquiterapia en la clínica, pero que al finalizar ese ciclo le otorgaron un alta administrativa sin realizar controles oncológicos ni imágenes que confirmaran la remisión de la enfermedad, lo que dejó sin respuesta las complicaciones derivadas del cáncer y de sus tratamientos previos. Según su testimonio, durante y después de la terapia desarrolló infecciones urinarias y renales severas, y mantuvo nefrostomías que, afirma, son consecuencia directa del tumor; al concluir la etapa en la clínica, nadie asumió la continuidad de esos cuidados ni la realización de exámenes pendientes.
La ausencia de controles permitió, según la familia, que el cáncer avanzara: una recidiva fue confirmada apenas una semana después de su ingreso al Hospital de Los Andes, donde está hospitalizada desde el 1 de octubre. Además, el crecimiento de adenopatías en el tórax comprimió el esófago, impidiéndole alimentarse por vía oral y obligando a realizarle una gastrostomía reciente; hasta la fecha, denuncia la familia, Jacqueline no ha recibido tratamiento oncológico activo ni siquiera medidas paliativas en el recinto andino.
La odisea de Jacqueline en busca de atención médica 🏥
Ante la falta de respuesta institucional, la familia debió costear por sus medios un examen PET-CT que, según denuncian, debía gestionarse dentro del sistema GES pero que ninguna institución asumió. Manuel Oyarzún, pareja de Jacqueline, asegura que presentaron al menos cuatro reclamos formales a Fonasa cuya retroalimentación califican de técnica y legalmente errónea, pues, sostienen, avaló el actuar de la clínica sin investigar el fondo del caso; también interpusieron recursos ante la Superintendencia de Salud y la Contraloría, donde esperan respuesta desde hace semanas mientras Jacqueline permanece hospitalizada.
Apoyo político y movilización ciudadana 📢
La movilización pública en redes sociales, donde el video de Jacqueline acumuló miles de reproducciones, motivó la intervención de la diputada Francisca Bello, quien ofició a Fonasa y a la Superintendencia de Salud para exigir respuestas inmediatas y la priorización del caso por la gravedad del diagnóstico y la obligación legal de garantizar la continuidad de las prestaciones GES. La parlamentaria pidió que las instituciones corrijan los antecedentes pendientes y den tratamiento prioritario para que Jacqueline acceda sin más dilaciones a su terapia oncológica; recordó además que la mujer es madre de un niño de 14 años.
Una luz de esperanza: el Instituto Oncológico Arturo Fernández Pérez ✨
Frente al colapso de las vías administrativas y la urgencia de obtener atención especializada, la familia baraja la posibilidad de derivar a Jacqueline al Instituto Oncológico Arturo Fernández Pérez, pero el costo estimado —una cama y el tratamiento— supera los $12 millones sólo para la hospitalización inicial y $25 millones en total, según los organizadores de la colecta. Para reunir fondos abrieron una Cuenta RUT a nombre de Jacqueline (17.944.591-3) y lanzaron una rifa con más de 45 premios a $1.000 por número; la pareja y la paciente mantienen en Instagram ( @jacqui.miau ) los detalles de la campaña y el relato del proceso que atraviesan.
- Cuenta RUT: 17.944.591-3
Un llamado a la solidaridad y la justicia 🤝
La familia y los cercanos califican lo ocurrido como una cadena de negligencias, omisiones y desconocimiento de la normativa que protege la continuidad de las prestaciones GES, y exigen que las instituciones de salud fiscalicen lo sucedido, asuman responsabilidades y garanticen la continuidad médica real para evitar que la espera convierta una situación tratable en irreversible. Según Oyarzún, mientras las respuestas administrativas se demoran, Jacqueline sigue hospitalizada y sin el tratamiento oncológico que necesita con urgencia.