El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, que alberga a más de 10.000 personas, se perfila como un proceso prolongado y complejo, con una duración estimada de ocho meses y un despliegue de más de 500 carabineros. Esta operación, considerada la más grande de su tipo en el país, busca recuperar 215 hectáreas ocupadas ilegalmente, siguiendo la ratificación judicial a favor de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.
Un Desalojo Escalado: Cronología y Despliegue Policial
La propuesta de las fuerzas policiales contempla el desalojo gradual de una hectárea por día, lo que implicaría la reubicación de aproximadamente 50 familias diariamente. Este ritmo sostenido extendería el proceso hasta bien entrado el próximo gobierno. Para asegurar el orden y la seguridad, se desplegará un contingente de hasta 524 carabineros, provenientes de diversas regiones del país, subrayando la magnitud y el desafío logístico de la operación.
Coordinación Interministerial y Albergues Temporales
Las autoridades están en plenas coordinaciones para establecer los mecanismos de desalojo y las alternativas de albergue para las familias afectadas. Se ha planteado la disposición de albergues transitorios por un plazo máximo de tres días. Sin embargo, la definición de soluciones habitacionales permanentes para los desalojados aún es un tema pendiente y crucial.
Inmobiliaria Exige Retiro de Enseres y Cuestiona Planificación
El abogado de la inmobiliaria propietaria de los terrenos, Diego Pereira, ha insistido en que los ocupantes deben retirar sus pertenencias antes de la finalización del desalojo. Además, ha manifestado su preocupación por la aparente falta de una planificación clara por parte del Ministerio de Vivienda para la reubicación definitiva de las familias, lo que podría agravar la ya compleja situación social.
Dirigentes Buscan Soluciones con el Ministerio de Vivienda
Por su parte, Mario Reyes, vocero de la federación de cooperativas del Cerro Centinela, ha confirmado que los dirigentes de los ocupantes mantienen reuniones con el Ministerio de Vivienda en busca de soluciones habitacionales. A pesar de estas gestiones, la orden de desalojo se mantiene firme y el proceso judicial avanza, aunque las fechas de inicio concretas aún no se han fijado.
Riesgo de Emergencia Social y Necesidad de Planificación
El desalojo de la megatoma de San Antonio representa un alto riesgo de generar una emergencia social de gran envergadura. El gran número de personas afectadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores y extranjeros, exige una planificación social exhaustiva y soluciones habitacionales claras por parte del Gobierno. La comunidad de Casablanca y la Región de Valparaíso esperan mayor celeridad y una estrategia integral que mitigue el impacto social de este desalojo.