El desalojo de la “Toma Calicheros” en Quilpué, concretado el martes 30 de septiembre de 2025, no solo puso fin a una ocupación ilegal que se extendió por años, sino que también reavivó las tensiones en torno a la propiedad y el derecho a la vivienda. La demolición de las estructuras en los terrenos del fallecido empresario Alejandro Correa se ejecutó bajo orden judicial, marcando un punto de inflexión en un conflicto que cobró una trágica relevancia con el asesinato del propietario en 2020. A pesar de la ausencia de incidentes violentos mayores, el proceso dejó al descubierto el profundo descontento de los desalojados y sus cuestionamientos hacia la familia Correa.
Reacciones y Cuestionamientos Durante el Desalojo
Durante la jornada del desalojo, la vocera de la familia Correa e hija del empresario, Valentina Correa, fue blanco de fuertes declaraciones por parte de uno de los ocupantes expulsados. El sujeto interpeló directamente a Valentina, cuestionando su postura desde una perspectiva personal y religiosa: “¿Siendo católica, se siente feliz y realizada con esto?”. El manifestante, si bien expresó su pesar por la muerte de Alejandro Correa, instó a su hija a reflexionar sobre si su padre habría aprobado el sufrimiento de las familias desalojadas. Este episodio subraya la carga emocional y moral que envuelve el caso, donde las partes enfrentadas esgrimen argumentos que van más allá de lo estrictamente legal.
El desalojado también criticó con vehemencia la decisión de la familia propietaria de no vender los terrenos a quienes los ocupaban. “La plata de ellos no vale?”, enfatizó, haciendo hincapié en que la mayoría de los ocupantes deseaba adquirir las tierras y no simplemente recibirlas de forma gratuita. Este punto resalta la compleja dinámica social y económica detrás de la toma, donde la demanda de vivienda asequible choca con el derecho a la propiedad privada.
Un Conflicto de Larga Data con Profundas Implicaciones
La “Toma Calicheros” se convirtió en un símbolo de la problemática de la usurpación de terrenos y la escasez de viviendas. El asesinato de Alejandro Correa en 2020, tras sus denuncias por la ocupación ilegal de sus propiedades, elevó el conflicto a un nivel de notoriedad nacional. Desde entonces, la familia Correa ha mantenido una postura firme en la defensa de su propiedad, buscando la restitución de los terrenos a través de la vía judicial.
Por otro lado, los ocupantes han expresado su desesperada necesidad de una solución habitacional y han abogado por el diálogo para la compra de las tierras. Esta dicotomía entre el derecho a la propiedad y la demanda de vivienda digna ha generado tensiones constantes entre los habitantes del sector y los propietarios legales, reflejando una problemática social que se extiende en diversas comunidades del país.
¿Qué Sigue Tras el Desalojo?
El desalojo y la demolición de la “Toma Calicheros” marcan el fin de un capítulo, pero las repercusiones de este conflicto probablemente perdurarán. Las manifestaciones y reclamos de los ocupantes expulsados sugieren que las tensiones sociales en torno a este caso no desaparecerán de la noche a la mañana. La noticia fue ampliamente cubierta por medios como Cooperativa.cl, que proporcionó una cobertura detallada incluyendo un audio con declaraciones de los protagonistas y testimonios directos de la situación, poniendo de manifiesto la complejidad y el impacto humano de esta clase de situaciones. Será fundamental observar cómo evolucionan las relaciones entre los antiguos ocupantes, la familia propietaria y las autoridades locales en Quilpué y la Región de Valparaíso.