La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha vuelto a suspender el desalojo de la “megatoma” del Cerro Centinela en San Antonio, una decisión que mantiene en vilo a más de 10 mil personas y subraya la complejidad de la crisis habitacional en Chile. Esta reciente resolución responde a un requerimiento de los propietarios del terreno, quienes buscan que el tribunal fije una fecha concreta para el operativo de desocupación.
La medida deja en suspenso la orden judicial dictada el 3 de octubre, que si bien exigía la desocupación, no establecía un plazo definitivo para su cumplimiento. Este escenario prolonga la incertidumbre para las familias del asentamiento irregular más grande del país, compuesto por más de 40 cooperativas de vivienda.
Detalles Clave de la Nueva Suspensión
La Corte de Valparaíso analizará ahora no solo las peticiones de los dueños, sino también los antecedentes presentados por la organización Mesa Investigativa. Esta entidad, que agrupa a 23 dirigentes de la toma, sostiene que los ocupantes fueron invitados a habitar el terreno en 2019 por uno de los antiguos propietarios, Luis Medel.
La Mesa Investigativa ha entregado a la fiscalía documentos y un video donde, supuestamente, Medel ofrece los predios a distintos precios, lo que podría cambiar la percepción sobre el origen de la ocupación. Mario Reyes, vocero de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, afirmó haber visto este material, aunque Inmobiliaria San Antonio S.A., actual dueña del terreno, ha declinado referirse públicamente a estos documentos.
Contexto de una Negociación Frustrada
El conflicto en el Cerro Centinela se arrastra desde 2019 y escaló en 2024 cuando la Corte Suprema ordenó el desalojo, otorgando un plazo de seis meses al gobierno para hallar una solución. Durante este periodo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el municipio y los propietarios intentaron una negociación tripartita con las cooperativas para la compra colectiva de las 215 hectáreas. Sin embargo, las tratativas no prosperaron debido a:
- 💸 Diferencias significativas en el precio de venta.
- 🚫 Falta de garantías financieras por parte del Estado.
En septiembre de 2025, los dueños retiraron su participación de la mesa técnica y reactivaron la vía judicial para insistir en el desalojo.
Impacto Social y Debate Nacional
La situación de la megatoma de San Antonio ha puesto en relieve la grave crisis habitacional que afecta a Chile, generando un intenso debate entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. El caso ha sido calificado como una “emergencia nacional” por su magnitud y las implicaciones sociales para miles de familias.
Investigaciones periodísticas han revelado que el municipio facilitó la posibilidad de venta entre los ocupantes y la inmobiliaria. También se ha señalado que los dueños habrían ofrecido el terreno a futuros ocupantes en los inicios de la toma y han pagado contribuciones a precio agrícola durante décadas, a pesar de la ausencia de cultivos en la zona. “San Antonio dejó de ser un conflicto local para transformarse en un termómetro nacional sobre la urgencia habitacional, las fallas de la institucionalidad y la tensión permanente entre propiedad privada y derechos sociales”, según una cita de El Mostrador.
Próximos Pasos y Futuro Incierto
La Corte de Valparaíso tiene ahora la tarea de revisar minuciosamente las pruebas presentadas tanto por los propietarios como por la Mesa Investigativa. Su decisión determinará si se ejecuta finalmente el desalojo o si se concede un nuevo plazo para intentar una negociación definitiva.
Mientras tanto, miles de familias viven en un estado de limbo jurídico y social, esperando una resolución en medio de un amplio debate nacional sobre cómo abordar la ocupación irregular de terrenos y la imperante necesidad de acceso a una vivienda digna en Chile.