La Fiscalía de Valparaíso sigue adelante con una exhaustiva investigación para esclarecer las eventuales responsabilidades penales institucionales en el devastador megaincendio que, en febrero de 2024, asoló las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Esta catástrofe dejó un doloroso saldo de 138 víctimas fatales, más de 16 mil damnificados y miles de hogares reducidos a cenizas, por lo que la búsqueda de justicia se mantiene como una prioridad en la Región de Valparaíso.
Investigación en Profundidad: Responsabilidades Institucionales Bajo la Lupa
En esta segunda fase de la investigación, el Ministerio Público ha puesto el foco en el análisis meticuloso de los antecedentes documentales. El objetivo primordial es determinar si hubo omisiones o negligencias por parte de las autoridades que pudieran haber influido significativamente en la gestión de la emergencia y, en última instancia, en su fatal desenlace. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ha subrayado la complejidad de este proceso, instando a la paciencia ante la magnitud de la información a revisar y la dificultad inherente a establecer responsabilidades institucionales.
Paralelamente, la investigación sobre los nueve presuntos autores materiales del incendio continúa activa, mientras esta arista se adentra en las posibles fallas del aparato estatal en la prevención, coordinación y respuesta ante la emergencia.
Clamor por Celeridad y Transparencia
El diputado Tomás Lagomarsino, quien figura como querellante en la causa de responsabilidad institucional, ha expresado su preocupación por la lentitud en las diligencias, las cuales, según señala, fueron solicitadas hace más de un año y ocho meses. Lagomarsino enfatiza que hubo tiempos cruciales para la evacuación que no se aprovecharon debidamente, como 1 hora y 6 minutos en Quilpué y 56 minutos en Viña del Mar. Estos periodos, a su juicio, podrían haber salvado vidas si las decisiones se hubieran tomado con la oportunidad necesaria. Además, ha solicitado a la Fiscalía investigar al puesto de mando unificado, lugar donde se tomaron las decisiones clave durante la emergencia, ante la sospecha de que pudieron existir negligencias graves que incluso podrían constituir delitos.
Por su parte, Andrés Celis, exintegrante de la Comisión Especial Investigadora por el megaincendio, ha recalcado la importancia de que los implicados en la catástrofe sean sancionados. Es fundamental recordar que esta investigación se centra exclusivamente en responsabilidades penales, dejando a un lado las responsabilidades políticas o administrativas, las cuales han sido abordadas en otros foros institucionales.
Análisis Detallado de Decisiones y Factores
La Fiscalía ha reiterado que evaluará si las decisiones administrativas y políticas adoptadas antes y durante la emergencia influyeron en el resultado final. No obstante, también se considerarán factores como la dinámica natural del fuego, que pudieron afectar los resultados aun con una gestión adecuada. El diputado Lagomarsino informó que la comisión investigadora que presidió ya ha revisado cerca de la mitad de los documentos relevantes para estos hechos, instando a acelerar la investigación para lograr una justicia efectiva.
Es importante recordar que investigaciones previas ya confirmaron la responsabilidad de personas específicas, incluyendo funcionarios públicos y civiles, en la generación intencionada del fuego en la zona de la Reserva Lago Peñuelas, un hecho que agravó significativamente la catástrofe.
A más de un año y medio de la tragedia, la Fiscalía continúa con este minucioso proceso para determinar con claridad las responsabilidades penales de autoridades y funcionarios. El objetivo final es no solo hacer justicia por las víctimas, sino también evitar que situaciones similares se repitan y aclarar el doloroso legado de esta emergencia en la Región de Valparaíso.