El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este miércoles que acusó a Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, de supuesta colaboración con actividades terroristas y que emitió una orden internacional de búsqueda en su contra. La medida forma parte de una investigación penal y no equivale a una condena.
Durov nació en Rusia, desarrolló allí sus primeras plataformas digitales y más tarde se radicó en el extranjero. Telegram, que combina mensajería y canales de difusión, mantiene una amplia base de usuarios dentro y fuera del país y ha quedado en el centro de una disputa por el control de las comunicaciones digitales.
Qué sostiene la acusación rusa
Según el comunicado del FSB reproducido por medios internacionales, la administración de Telegram no habría eliminado canales, chats y bots que, de acuerdo con la versión oficial rusa, eran utilizados por organismos de inteligencia ucranianos y grupos calificados por Moscú como terroristas o extremistas. Las autoridades vinculan esos espacios con la preparación de sabotajes, ataques y fraudes informáticos.
La acusación atribuye responsabilidad a Durov por la administración de la plataforma. Sin embargo, los antecedentes difundidos hasta ahora corresponden a las afirmaciones del organismo de seguridad ruso. No se ha informado de una sentencia judicial que establezca su responsabilidad por esos hechos.
La respuesta de Durov y Telegram
Durov había comunicado a comienzos de 2026 que existía una investigación penal en su contra. En esa oportunidad sostuvo que las autoridades estaban construyendo argumentos para restringir Telegram y denunció un intento de limitar la privacidad y la libertad de expresión. Tras el anuncio de este miércoles, una cuenta oficial de la plataforma publicó una respuesta gráfica de rechazo a la medida.
El caso vuelve a abrir el debate sobre cuánto control deben ejercer las empresas tecnológicas sobre contenidos ilícitos y hasta dónde pueden llegar los gobiernos al exigir su eliminación. Esa discusión también aparece en otros marcos regulatorios sobre privacidad, seguridad y evaluación de riesgos digitales.
Una disputa más amplia por el control de internet
La acusación se conoce mientras Rusia mantiene restricciones sobre distintas plataformas extranjeras. Facebook, Instagram y X están bloqueadas; Signal y Viber también han enfrentado prohibiciones, mientras WhatsApp y Telegram funcionan con limitaciones. Paralelamente, el gobierno ruso promueve MAX, un servicio nacional que integra mensajería y trámites digitales.
Telegram ha defendido su independencia y sostiene que las restricciones responden a una ofensiva contra las comunicaciones privadas. El gobierno ruso, en cambio, afirma que las plataformas deben cumplir su normativa y retirar contenidos que considera vinculados con delitos o amenazas a la seguridad.
Qué cambia para quienes usan Telegram
El anuncio ruso no implica por sí solo modificaciones inmediatas para usuarios de Telegram en Chile. La orden se dirige contra Durov y deriva de una causa penal abierta en Rusia. Cualquier efecto práctico dependerá de nuevas decisiones judiciales, de eventuales solicitudes de cooperación internacional y de la respuesta de la empresa.
Para los usuarios, el episodio refuerza la importancia de revisar permisos, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de archivos o enlaces recibidos incluso en plataformas conocidas. Las amenazas pueden aprovechar servicios legítimos, como ocurrió con una campaña de avisos falsos que distribuyó un troyano.
El proceso seguirá abierto y las acusaciones deberán ser examinadas con sus antecedentes y mecanismos de defensa. Por ahora, el caso representa una nueva escalada en la confrontación entre Telegram y las autoridades rusas por moderación, privacidad y control de internet.
CasablancaHoy.cl