El Gobierno presentó un proyecto de ley para incorporar medidas excepcionales de protección frente a riesgos graves dentro y alrededor de residencias para niños, niñas y adolescentes.
La propuesta apunta a situaciones vinculadas con explotación sexual, crimen organizado, tráfico de drogas y amenazas contra la integridad de quienes se encuentran bajo protección del Estado.
Medidas excepcionales y controladas
El texto permitiría que las direcciones de residencias adopten acciones temporales cuando exista un peligro concreto, siempre que sean necesarias y no haya una alternativa menos restrictiva. Esas medidas no podrían utilizarse como castigo ni implicar tratos crueles o degradantes.
La aplicación quedaría sujeta a revisión de direcciones regionales, supervisión nacional y control de tribunales de familia mediante visitas y antecedentes del caso.
Antecedentes entregados por el Ejecutivo
El Gobierno informó que entre 2022 y 2025 aumentaron 80% los procedimientos asociados a explotación sexual, 165% los delitos contra la vida y 71,5% los casos con terceros de la comunidad señalados como presuntos responsables.
Esas cifras describen registros administrativos y no reemplazan una investigación penal ni determinan responsabilidad individual. La iniciativa debe ser discutida y aprobada por el Congreso antes de convertirse en ley.
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