El Congreso despachó el proyecto que modifica el procedimiento de expulsión administrativa, luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta por 37 votos a favor y una abstención.
La iniciativa modifica la Ley 21.325 y queda en condiciones de convertirse en ley. Ese estado legislativo no equivale todavía a una norma vigente: restan los controles y actos de promulgación y publicación que correspondan.
Cambios acordados por el Congreso
El texto aumenta de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso para personas sujetas a una expulsión administrativa. También amplía mecanismos para obtener información destinada a notificar estos procedimientos y fortalece el registro de datos biométricos.
La Policía de Investigaciones podrá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un domicilio con el fin exclusivo de aprehender a una persona que tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Límites y aplicación
La solicitud de información para notificaciones excluye a niños, niñas y adolescentes, además de establecimientos educacionales y de salud. Durante el debate se advirtió que la aplicación requerirá recursos, capacidad policial y coordinación internacional.
El seguimiento legislativo está disponible en Política.
CasablancaHoy.cl