Un nuevo punto de fricción ha surgido entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y un grupo de universidades privadas en Chile. A pesar de un requerimiento formal, cinco instituciones de educación superior no han entregado la información solicitada sobre las remuneraciones de sus funcionarios, un antecedente clave para transparentar el uso de los recursos públicos.
Transparencia en la Educación Superior: Un Requerimiento Legal
La Subsecretaría de Educación Superior envió un oficio el 30 de julio, buscando cumplir con las glosas N° 21 y N° 22 de la Ley de Presupuestos 2025, que regulan las transferencias de fondos públicos a las universidades. Este requerimiento busca asegurar la probidad y el buen uso de dineros estatales en el sistema educativo.
Hasta el 18 de agosto, 32 instituciones habían respondido, pero no todas lo hicieron de manera completa. El panorama se divide en dos grupos:
❌ Universidades que respondieron, pero sin datos:
* Universidad Católica de Valparaíso (UCV)
* Universidad Mayor
Las razones esgrimidas varían. La Universidad Mayor, por ejemplo, argumentó que la glosa N.º 21 solo exige reportar remuneraciones de funcionarios que superen los $8 millones mensuales bajo ciertas modalidades, lo cual, según ellos, no aplica a su estructura. Respecto a la glosa N.º 22, cuestionaron la facultad del Mineduc para solicitar datos personales, indicando que la obligación de reportar recae en el ministerio hacia el Congreso.
🚫 Universidades que no respondieron en absoluto:
* Universidad Bolivariana
* Universidad de Aconcagua
* Universidad La República (recientemente declarada en quiebra)
Consecuencias y el Debate sobre la Transparencia
Desde la Subsecretaría de Educación Superior han confirmado que los nombres de estas instituciones serán incluidos en el informe que se enviará al Congreso Nacional, específicamente a las comisiones de Presupuestos y Educación. Si bien no se han anunciado sanciones directas, la falta de entrega de información genera inquietud en el Ejecutivo y reaviva un importante debate.
Este episodio pone nuevamente en el centro la discusión sobre la transparencia y rendición de cuentas de las universidades privadas que reciben financiamiento estatal. Casos anteriores, como las altas remuneraciones de docentes en instituciones con fondos públicos, han generado polémica y demuestran la necesidad de claridad en el uso de los recursos que provienen de todos los chilenos. La educación superior, al ser un bien público, exige la máxima transparencia en su gestión y financiamiento.