La protección tarifaria eléctrica quedó en condiciones de convertirse en ley después de que la Cámara de Diputadas y Diputados ratificara las modificaciones introducidas por el Senado. El texto busca ordenar el pago de la deuda acumulada con las distribuidoras, extender el subsidio eléctrico hasta 2027 y establecer medidas de transparencia y continuidad del suministro.
Qué cambia con el proyecto
La iniciativa aborda una deuda estimada en 800 millones de dólares, originada por retrasos en los procesos tarifarios. La fórmula aprobada distribuye su pago en el tiempo para evitar que el cobro se concentre de una sola vez en las cuentas de los clientes.
Durante la tramitación se informó que el cargo asociado a esta deuda comenzaría en 2028 y se extendería hasta 2035. La explicación entregada en el Congreso consideró un cargo de 5 pesos por kWh, mientras otro componente actualmente incorporado a las boletas por la deuda con generadoras disminuiría desde 22 a 9 pesos por kWh en 2028.
El proyecto también prolonga el subsidio eléctrico durante 2027, permite renegociar contratos y agrega exigencias de transparencia en transmisión. Su objetivo declarado es mitigar las alzas, regularizar el financiamiento pendiente y dar mayor estabilidad al sistema.
Compensaciones y calidad del suministro
Una de las enmiendas establece que las compensaciones por cortes o incumplimientos del servicio no podrán ser financiadas por los propios clientes. El debate legislativo también dejó compromisos para modernizar la distribución, mejorar las inversiones y fortalecer la continuidad y resiliencia del suministro.
El acuerdo incorpora una hoja de ruta para revisar procesos tarifarios, mecanismos de transparencia y soluciones para personas electrodependientes. Esas materias deberán desarrollarse mediante las etapas regulatorias y administrativas posteriores.
Quién pagará la deuda
El costo no será absorbido por el Estado: será pagado por los clientes mediante cargos graduales. Esa definición concentró parte de las críticas, porque el mecanismo aplica un cobro general y algunos parlamentarios cuestionaron que no distinga suficientemente entre tipos de hogares o realidades regionales.
Quienes respaldaron la iniciativa sostuvieron que la deuda ya existe y que, sin una ley, igualmente tendría que cobrarse, pero en condiciones menos favorables. La fórmula aprobada busca repartir el pago durante varios años y mantener protección social mediante el subsidio.
Qué falta
La votación del Congreso cerró la tramitación legislativa y dejó el texto listo para las etapas necesarias antes de su publicación como ley. Hasta que ese proceso concluya y se dicten las reglas de aplicación, no corresponde considerar vigentes todos sus cobros y beneficios.
Para los hogares de Casablanca y la Región de Valparaíso, los efectos concretos dependerán de la reglamentación, los cargos que se incorporen a las boletas y la continuidad del subsidio para quienes cumplan los requisitos.
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