El Municipio de Putaendo, en la Región de Valparaíso, anunció su decisión de apelar ante la Corte Suprema tras el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que rechazó sus reclamaciones y dio luz verde a los sondajes del controvertido proyecto minero Vizcachitas. Esta iniciativa, impulsada por la empresa canadiense Vizcachitas Holding, contempla la realización de 350 sondajes en la cuenca del río Rocín, desatando una fuerte oposición por parte de autoridades y comunidades locales debido a las potenciales repercusiones ambientales y sociales.
Proyecto Minero Vizcachitas: Un Conflicto por el Agua y el Ecosistema
El proyecto Vizcachitas, que busca avanzar en la fase exploratoria de una mina con reservas millonarias de cobre, ha sido objeto de críticas desde su aprobación en 2021 a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Las comunidades y el municipio de Putaendo han manifestado su preocupación por:
- 💧 Posibles daños a los ecosistemas de montaña.
- 💦 Amenazas al acceso y calidad del agua en la cuenca del río Rocín.
- 🐾 Falta de reconocimiento oficial del gato andino, especie en peligro de extinción, cuya presencia en la zona ha sido documentada por estudios y organizaciones.
La Batalla Legal y las Voces de la Oposición
La decisión de la Municipalidad de Putaendo de recurrir a la Corte Suprema busca revertir el fallo del Tribunal Ambiental. El alcalde Mauricio Quiroz ha sido enfático: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias” en la defensa del territorio y sus recursos.
Por su parte, la diputada María Francisca Bello ha rechazado el fallo, subrayando la urgencia de declarar la zona como Santuario de la Naturaleza para proteger su invaluable biodiversidad. Aunque la parlamentaria de Renovación Nacional, Camila Flores, ha expresado su inquietud por el impacto ambiental, también ha reconocido el potencial del proyecto para generar empleo en la región.
Detalles del Fallo del Tribunal Ambiental
El Segundo Tribunal Ambiental, en su resolución, detalló que la evaluación ambiental del proyecto fue considerada adecuada. De acuerdo con el tribunal, los estudios técnicos presentados por la empresa y revisados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no detectaron impactos significativos en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, ni en la flora y fauna. Además, se descartó la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental más exhaustivo, validando la DIA ya aprobada.
Sin embargo, las comunidades persisten en su convicción de que el proceso ha vulnerado principios ambientales fundamentales, lo que mantiene en vilo el futuro de un proyecto que, si bien representa un desarrollo estratégico para la minería chilena con una inversión estimada millonaria, también genera una profunda tensión entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.